Algunas cuestiones previas
En junio pasado escribí en este blog sobre la empresa municipal Proyecto Atarfe, era el primer texto sobre esta sociedad, pero no será el último. Aconsejo que revise ese texto, quien lea las razones que me movieron, en mi calidad de miembro del Consejo de Administración de la empresa, a votar en contra de la elección de Consejera Delegada y de delegarle competencias. Es una buena introducción a la carta que he enviado ya a compañeros y amigos y que hago pública ante la eminencia de apertura de sanciones por parte del Consejo Local de mi organización y el anuncio de que se me retira de cualquier representación de mi grupo en el ayuntamiento y que el portavoz de mi grupo solicitara a la Junta General mi destitución del Consejo de Administración de Proyecto Atarfe.
También, he de informar que antes del Consejo de Administración de la empresa en el que se produjo la votación, en mi calidad de concejala había solicitado a la Consejera Delegada un expediente de la sociedad, se me dijo que las cosas habían cambiado y que tendría acceso a él; la cita para que revisará el expediente, fue el martes pasado. Ese día nos personamos en las dependencias de P. Atarfe Paco Quesada y yo, el alcalde en funciones se negó a entregarnos el expediente, a pesar de haber sido elegida miembro del Consejo de Administración y pertenecer los dos, en calidad de concejales del ayuntamiento, a la Junta General de la empresa pública. Desgraciadamente, el cambio no ha llegado a Atarfe, la empresa sigue siendo un coto cerrado del actual equipo de Gobierno. Ante eso solo nos quedó efectuar un requerimiento notarial. De nada ha servido, no nos han dejado examinar los documentos. Han alegado ante el notario, las fechas vacacionales, excusas que tienen un único objetivo: blindar la empresa e impedir cualquier revisión de documentación por nuestra parte hasta que puedan destituirme como consejera.
Carta enviada a militantes, simpatizantes de Izquierda Unida y a otras personas demócratas y de izquierda
Ante la situación creada en el Consejo de Administración de Proyecto Atarfe en el que voté en contra de la reelección de la anterior Consejera Delegada de la empresa, en esta nueva etapa y la pretensión del portavoz del grupo municipal de IU de exigir sanciones con frases amenazantes contra mi persona, algo que no es la primera vez, delante de los consejeros del PSOE y del PP, me dirijo a los militantes, simpatizantes de Izquierda Unida y a otras personas demócratas y de izquierda para explicar las razones de mi voto. Con ello salgo al paso de las calumnias y difamaciones de las que soy objeto desde hace tiempo por parte de un sector de la dirección local de IU y del PSOE, en un intento de ocultar lo inocultable: la voluntad común de alcanzar acuerdos que garanticen la continuidad de las políticas de gobiernos anteriores. Adjunto también mi intervención escrita en el Consejo de Administración de Proyecto Atarfe.
Vayamos por pasos
El sábado 30 de Julio, hubo Junta General de Proyecto Atarfe a la que pertenecen todos los concejales del ayuntamiento y, posteriormente, se celebró el Consejo de Administración de la empresa con el siguiente orden del día:
Reelección de la Consejera Delegada y delegación de competencias por parte del Consejo de Administración.
En la Junta General fui elegida consejera, junto a R. Roldán, en representación del grupo de IU. El Consejo de Administración está compuesto por 9 miembros: 4 por el PSOE, 3 por el PP y 2 por IU.
Debo señalar que en los días previos, el Consejo Local de IU, con mi voto en contra, había defendido la propuesta hecha por el PSOE para que continuara al frente de Proyecto Atarfe la Consejera Delegada en la etapa anterior. El argumento central de mi negativa entonces fue que ello suponía la continuidad de las políticas nefastas e irregulares que caracterizaron los mandatos anteriores y, por otra parte, que era necesaria una profunda transformación de Proyecto Atarfe, comenzando por la más absoluta transparencia sobre su funcionamiento desde que se creó en 1997. La cuestión de fondo es que Proyecto Atarfe ha sido y sigue siendo el principal instrumento del que se han valido tanto este como los gobiernos anteriores para escapar de los controles públicos en materia de contrataciones de empresas, materiales, suministros y personal, ventas de suelo y patrimonio público, o la irregular disposición de cuantiosos fondos municipales, lo que ha implicado a la empresa en varias denuncias ante los tribunales.
En el debate del Consejo de IU puse también de manifiesto las excesivas prerrogativas que se le otorgaban a la Consejera Delegada, por lo que planteé que, antes de elegir a nadie, habría que recortar en los estatutos la cesión de tales atribuciones. En cualquier caso, la consejera delegada saliente estaba obligada previamente a dar cuentas al Consejo de su gestión anterior. Sin embargo, contra toda lógica, estos argumentos no sirvieron de nada. Parece ser que había que elegirla contra viento y marea, pese a que ello suponía, no precisamente garantizar la “gobernabilidad” del ayuntamiento como algunos argumentaron, sino prolongar indefinidamente, y con conocimiento de causa, las viejas políticas del “anterior régimen”.
Lo grave del caso es que en los estatutos de Proyecto Atarfe no existe el cargo de Consejero Delegado, y, por si fuera poco, otorgarle tal cúmulo de atribuciones le haría disponer de mayores competencias que el Consejo de Administración y el propio alcalde. Es de resaltar que el anterior portavoz de IU hasta 2007, en el Consejo de Administración de 23-9-2003, no tuvo reparos en votar afirmativamente esas competencias en la persona del teniente alcalde con Víctor Sánchez, Antonio Ibáñez (Antoñín), como Consejero Delegado. Ya se sabe: aquellos barros trajeron estos lodos.
En la reunión posterior del Consejo de Administración, y antes de iniciar la votación de la Consejera Delegada, insté al Secretario a que leyera las 38 competencias que llevaría aparejado el cargo. Entre ellas, hay algunas de una importancia singular, por ejemplo: la nº 26, referida a “la libertad para comprar y vender toda clase de bienes muebles e inmuebles, determinando por si mismo, libremente y sin restricción ni limitación algunas, las condiciones bajo las que deban realizarse tales adquisiciones, limitando la cantidad en cuanto a los inmuebles en 600.000 €”; la nº 20.- “celebrar contratos con cualquier entidad pública y privada con el límite de 1.200.000 €; la nº 32.- “Contratar, modificar, prorrogar y rescindir contratos laborales de personal, fijando las condiciones económicas de trabajo y de cualquier otra clase”; la nº 35.- “Celebrar todo tipo de contratos de suministro, de instalaciones y de prestación de servicios”; la nº 37.- “Otorgar poderes a abogados para todos los pleitos que considere necesarios…” Señalo estas competencias, entre otras, porque no las tiene ni el mismísimo alcalde.
En vista de esto y de que había quedado aclarado por el secretario que el cargo no se contemplaba en los Estatutos y que las competencias se las concedíamos en ese momento, pregunté a R. Roldán si, pese a tener la posibilidad de reducirlas, se las otorgábamos tal cual en ese acto. La respuesta fue que había que votar afirmativamente. Por ello, me vi en la obligación de explicar mi posición y que constara en acta las razones de mi voto en contra.
Al necesitarse 2/3 de los votos del Consejo de Administración para delegar competencias y elegir a la Consejera Delegada, sin mi voto a favor no pudieron aprobar ni lo uno ni lo otro, por lo que no fue elegida como Consejera Delegada, dejándose el cargo vacante.
Dada la situación, es razonable pensar que algunos miembros del Consejo Local de IU disponían de igual información que yo sobre este asunto. En todo caso, tanto ellos como el resto de miembros del Consejo de Administración que votaron a favor actuaron conscientes del significado de su voto. En mi caso, el voto en contra es coherente con mis principios, mi trayectoria política y el interés del pueblo al que me debo.
Las razones de mi voto son sencillas
1º-La consejera delegada que se pretendía elegir ha sido responsable durante su mandato anterior de una gestión más que discutible de la que no ha rendido cuentas.
2º.- Esa delegación de atribuciones puede ser contraria a la ley, pues son superiores a las que tiene el Consejo de Administración en los Estatutos aprobados por la Junta. En su día la Junta de Andalucía aprobó la constitución de la Sociedad obligando al Pleno del Ayuntamiento a que aprobara por unanimidad el marco legal en el que debía actuar la empresa. Ese marco legal ha sido quebrantado en todas las enajenaciones de patrimonio y suelo público realizadas por Proyecto Atarfe a lo largo de todos estos años y también se vulnera en esta delegación de competencias, caso de llevarse a cabo; por eso no pueden constar como modificación estatutaria.
3º.- Delegar esas competencias en un/a Consejero Delegado son un obstáculo para favorecer la transparencia, recorta la participación y la democracia interna y da un cheque en blanco para que Proyecto Atarfe siga siendo el instrumento utilizado por las fuerzas del “antiguo régimen” para escapar de todos los controles públicos y actuar de forma arbitraria como ha sido hasta ahora.
En conclusión, efectivamente en los estatutos no aparece la figura del Consejero Delegado; sin embargo, pese a ello y en aparente contradicción, sí se han nombrado consejeros delegados con estas importantísimas atribuciones. Eso fue posible gracias a una salvedad muy significativa: las atribuciones que se delegaron a los consejeros delegados no se efectuaron como modificación de los estatutos y no se inscribieron en el Registro mercantil porque las atribuciones del cargo exceden y ocupan las competencias y atribuciones que estatutariamente son propias del consejo de Administración. Esta es la razón por las que no se modificaron los estatutos y no se inscribieron las delegaciones que se otorgaban al consejero delegado, pues el registrador mercantil habría rechazado su inscripción.
Al respecto, tal y como marcan los estatutos, con el Consejo de Administración y un Gerente de la entidad es suficiente para dirigirla, máximo en la actualidad con el escaso contenido que tiene Proyecto Atarfe respecto a su objeto social. Con un gerente profesional e independiente (que no siga las directrices de ningún partido político) que pudiera presentar la realidad de las cuentas de los últimos años, así como los objetivos a corto y medio plazo que se deben marcar en la empresa es más que suficiente. Este gerente, si tiene necesidad de presentar una memoria puramente técnica, puede valerse de los servicios de un técnico en la materia y, por tanto, no tiene sentido un cargo que cobraría más de 43.000€ (con la situación económica que tenemos en el pueblo) y actuaría al dictado del “antiguo régimen”.
Ese fue el grueso de mis intervenciones tanto en el consejo de IU como en el de Proyecto Atarfe, que a continuación transcribo:
Intervención en el Consejo de Administración de Proyecto Atarfe
Ante la propuesta efectuada por el equipo de gobierno para mantener en el puesto a la anterior Consejera Delegada, quiero hacer algunas observaciones para que consten en acta:
Durante estos últimos cuatro años en los que he formado parte de la Junta General de P. Atarfe en calidad de concejala del ayuntamiento, ésta no se ha reunido para censurar, examinar, aprobar el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, el estado de flujos de efectivo y la memoria, como obliga la ley.
Tampoco han sido presentadas las cuentas generales al propio Consejo de Administración que delegó gran parte de sus funciones, obligaciones y deberes en los dos consejeros delegados que ha tenido la empresa en ese periodo.
Asimismo, la empresa ha infringido la obligación legal de presentar las cuentas al Registro mercantil y auditarlas. No se han presentado las cuentas de 5 ejercicios: De 2006-2007-2008-2009 y 2010. Eso ha implicado que se publicara el 15-4-2010 la Reapertura de hoja registral por falta de aprobación de las cuentas.
No se han cumplido los plazos obligatorios para convocar las sesiones ordinarias de la Junta general ni el Consejo de Administración (éste debe reunirse ordinariamente cada tres meses). El Consejo de Administración no ha ejercido competencias que tiene asignadas por los Estatutos de la Sociedad y por la propia ley, por ejemplo la aprobación anual de la plantilla o cualquier modificación de ella, designación del personal de dirección fijando sus respectivos derechos y obligaciones. En la Sociedad trabajan directivos que no tienen ninguna relación contractual con la empresa.
El Consejo de Administración saliente, no me equivocaría si afirmo que, incluso algunos consejeros del equipo de gobierno, no han tenido conocimiento de los contratos que ha efectuado la empresa ni de la deuda que tiene la empresa con los proveedores. Si se consultan Informes de Riesgo de la empresa, la evaluación efectuada de la misma es de máximo riesgo, en 2007 el riesgo de impago era de 70,16% a pesar de que el ayuntamiento derivó hacia la empresa más de 11 millones de euros, una cantidad nada desdeñable, en 2008 aumentó al 88,44% y en 2009 al 91,79 %. Dichos informes aconsejan que los proveedores cobren al contado, eso quiere decir que la calidad crediticia de la empresa es muy pobre. Es pobre por esta razón y por la elevada deuda que tiene con el Banco: 7.500.000 € y por las obligaciones de pago con proveedores y empresas, todavía, desconocidas por los consejeros, pero ya intuidas con los retazos de información que nos llegan, la última la deuda de más de 3 millones de euros con Garasa por la construcción del Ferial. En cuanto a las actuaciones conocidas de la empresa en estos años, en sucesivas ocasiones, hemos puesto de manifiesto diversas irregularidades, sobre todo, las relacionadas con el papel que ha jugado P. Atarfe en la gestión del Patrimonio Municipal de Suelo, y en las enajenaciones ilícitas de éste y, también, de bienes de dominio público, muchas de ellas objeto de investigación penal. Proyecto Atarfe ha sido el pozo oscuro sin fondo por donde se ha ido perdiendo el patrimonio municipal del suelo de Atarfe y parte del suelo equipamental.
En resumen, Proyecto Atarfe en sus catorce años de vida, ha sido una empresa municipal que no se ha sujetado a ningún tipo de normas, ni siquiera, como he expuesto a las normas que rigen las Sociedades Mercantiles de capital privado. Tampoco se han regido las contrataciones de personal, ni los concursos de obras encomendadas por el Ayuntamiento a la Sociedad por criterios de transparencia, publicidad, mérito y concurrencia. Es por ello que considero incompatible que la actual consejera delegada, cuyas amplias competencias delegadas por el anterior Consejo de Administración le hace responsable de las actuaciones y marcha de la empresa desde su nombramiento, vuelva a ser nombrada para el cargo sin que ésta haya presentado cuentas ni balance de su gestión. Y sin que este Consejo de Administración, ni la Junta general tengan conocimiento de la situación de la empresa.
Desde el mismo momento que acepto ser miembro del Consejo de Administración tengo una responsabilidad y un deber como administradora y debo responder, lo mismo que los demás administradores, de los acuerdos lesivos contra la sociedad. Por consiguiente me debo oponer a su nombramiento por considerarlo perjudicial para la empresa y para el Ayuntamiento de Atarfe. Asimismo, anuncio que pediré asesoramiento, para solicitar del Registrador Mercantil el nombramiento de un auditor que efectúe la revisión de las cuentas anuales.
